Las universidades de Estados Unidos han dado un giro histórico en el ámbito deportivo, permitiendo a los deportistas y jugadores recibir compensaciones directas, según una reciente decisión judicial. Este cambio desafía la noción de ‘amateurismo’ que ha dominado las competencias universitarias, especialmente en deportes populares como el fútbol americano y el baloncesto. Con la incorporación de los contratos de patrocinio basados en el Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) en 2021 y el fallo que autoriza el pago directo, la NCAA se enfrenta a una transformación significativa, en un contexto donde el deporte universitario se mueve como un colossal negocio.
El acuerdo judicial, aprobado por la jueza Claudia Wilken, contempla una indemnización de 2.800 millones de dólares en los próximos diez años para compensar a los deportistas afectados desde 2016. A partir de la temporada 2025-2026, se establecerá un límite de aproximadamente 20,5 millones de dólares anuales por universidad para pagar a sus atletas. Aunque estos pagos no reemplazarán las becas existentes ni los contratos NIL, plantean interrogantes sobre la clasificación laboral de los deportistas y sus derechos. Este nuevo ecosistema económico podría permitir que los jóvenes accedan a una parte de los ingresos que previamente les estaban prohibidos, en un entorno donde las cifras millonarias en contratos de transmisión reflejan la magnitud del deporte universitario.
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