El coronel Michael Randrianirina ha encabezado un movimiento que ha puesto en jaque al sistema político de su país, anunciando la suspensión de la Constitución y congelando las actividades del Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. Este giro inesperado en el panorama político nacional ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional, dada la magnitud de las instituciones afectadas. La decisión, que se presentó de manera sorpresiva, no solo ha planteado interrogantes respecto al futuro inmediato del gobierno, sino que también ha suscitado debates sobre la legalidad y legitimidad del nuevo orden instaurado por Randrianirina.
La comunidad internacional y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su inquietud por las implicaciones que este movimiento podría tener para la estabilidad del país y el respeto al estado de derecho. Los ciudadanos enfrentan ahora un periodo de incertidumbre mientras esperan más detalles sobre los planes y objetivos del liderazgo militar. Por su parte, los opositores políticos han manifestado su rechazo y han exigido un retorno inmediato a la normalidad constitucional. La situación sigue siendo dinámica y está sujeta a desarrollos que podrían reconfigurar el entorno político y social de manera significativa en las próximas semanas.
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