Hace siete meses, Los Ángeles fue declarada ciudad santuario, una decisión que prohibió el uso de recursos locales para colaborar con las fuerzas federales en la persecución de inmigrantes. Esta política no ha sido bien recibida por el actual presidente Donald Trump, quien ha iniciado acciones legales contra la ciudad. El Departamento de Justicia ha presentado una demanda contra Los Ángeles, su consejo municipal y la alcaldesa Karen Bass, acusándolos de interferir en la aplicación de las leyes de inmigración federales. Según el gobierno, la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales ha contribuido a una reciente ola de disturbios, saqueos y vandalismo, obligando al despliegue de la Guardia Nacional y los Marines para restaurar el orden.
La demanda afirma que las políticas de la ciudad no solo son ilegales, sino que también interfieren con el cumplimiento de las obligaciones federales de inmigración. Se alega que desde que Los Ángeles adoptó su estatus de santuario, se han producido arrestos aleatorios por agentes del ICE, generando un clima de miedo entre la población migrante. A pesar de las críticas, la alcaldesa Bass ha mantenido su postura firme, y el consejo municipal planea discutir una respuesta legal para proteger a los residentes de posibles detenciones raciales e injustas. Mientras tanto, grandes manifestaciones han tenido lugar en la ciudad, con miles de personas reuniéndose pacíficamente para expresar su rechazo a las políticas federales de inmigración de Trump.
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