La reciente decisión de los sindicatos campesinos de Bolivia de suspender los bloqueos de caminos tras 15 días de protestas refleja un giro en la estrategia para habilitar al expresidente Evo Morales como candidato en las próximas elecciones. Las movilizaciones, que buscaron presionar su participación electoral para agosto, se vieron mermadas tras la muerte de cuatro policías y un campesino en enfrentamientos, incitando repudio en redes sociales y medios. A pesar de la suspensión de los bloqueos, otras formas de protesta como marchas y vigilias se perfilan en el horizonte mientras Morales persiste desde su refugio en el Chapare, desafiando al gobierno de Luis Arce y eludiendo procesos legales en su contra.
La controversia en torno al intento de Morales de regresar a la política electoral en medio de alegaciones de montaje por parte del gobierno ha amplificado la polarización política en Bolivia. El expresidente acusa al Ejecutivo de desviar la atención pública de problemas gubernamentales, mientras que su lucha por la inscripción electoral se ve frustrada por barreras judiciales, incluidas decisiones del Tribunal Constitucional que favorecen a sus rivales dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). La división entre líderes indígenas y el debilitamiento del bloque popular e indígena, sumado a la controvertida proscripción de Morales, genera incertidumbre sobre el futuro político y social del país, en un contexto donde su posible retorno al poder es visto tanto como una amenaza como una reivindicación electoral legítima.
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