El 13 de octubre se conmemoraron 116 años desde el fusilamiento del anarquista y pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, una ejecución que, según denuncias actuales, fue decidida de antemano sin pruebas contundentes. Joan Francesc Pont, presidente de la Fundación Ferrer i Guàrdia, responsabiliza a la derecha española y catalana de la sentencia injusta del educador, quien promovió la Escuela Moderna basada en principios de coeducación y racionalismo. En respuesta, diversas instituciones y organizaciones lanzaron la campaña «Justícia X Ferrer», buscando la anulación de la sentencia que condenó a Ferrer, un intento de rehabilitación que no es nuevo pero que históricamente ha sido impedido por formaciones políticas aliadas con la Lliga Regionalista.
El legado de Ferrer, a pesar de ser marginalizado durante años, ha influido en las etapas democráticas de la II República y sigue presente en la educación actual. Sin embargo, su figura aún despierta tensiones, como reflejan los escritos de Joan Maragall, quien abogó por su perdón, y las críticas de figuras conservadoras como Torras i Bages, que vieron en la Semana Trágica una revuelta contra el orden establecido. La movilización social y la quema de aproximadamente 90 dependencias religiosas durante ese periodo fueron una reacción a decisiones gubernamentales que afectaban a miles de reservistas. Ferrer se despidió de sus vecinos declarando su inocencia, solo para ser ejecutado semanas después, un recordatorio de las injusticias de una época turbulenta.
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