La Comisión Europea ha dado un paso crucial hacia la protección de los menores en el entorno digital al introducir directrices preliminares en línea con el Artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Este esfuerzo busca salvaguardar a los jóvenes en internet sin comprometer su privacidad ni otros derechos fundamentales.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha enviado sus comentarios en relación a esta consulta, subrayando que la protección de los menores no debe hacerse a expensas de la libertad de expresión o el acceso equitativo a la información digital. La organización ha expresado su respaldo al enfoque de la Comisión, que enfatiza la proporcionalidad y la inclusión de las voces juveniles en la elaboración de políticas.
Sin embargo, la EFF ha manifestado su preocupación respecto al uso creciente de tecnologías invasivas para verificar la edad, las cuales podrían derivar en prácticas de vigilancia y censura. Estos sistemas suelen requerir documentos de identidad oficiales o datos biométricos, presentando riesgos significativos para la privacidad y excluyendo a aquellos sin documentación formal. Los métodos alternativos, basados en la estimación de la edad, también son problemáticos al utilizar datos sensibles y ser inexactos para grupos marginalizados.
Las preocupaciones de la EFF también abarcan los vagos mandatos para combatir «estándares de belleza poco realistas» o «contenido potencialmente riesgoso», lo que podría llevar a una censura indebida afectando desproporcionadamente a usuarios como los jóvenes LGBTQ+.
Las directrices, según la EFF, priorizan la verificación de edad sin abordar las raíces de los riesgos enfrentados por los usuarios en general, incluyendo a los menores. Esto hace hincapié en la necesidad de medidas protectoras que también respeten la privacidad y los derechos fundamentales.
La Fundación insta a la Comisión Europea a evitar las soluciones técnicas uniformes y a buscar alternativas que empoderen al usuario. Entre ellas, sugieren configuraciones de privacidad más seguras por defecto, transparencia en los algoritmos de recomendación, y un mayor control del usuario sobre el contenido consumido.
La Ley de Servicios Digitales presenta una oportunidad para equilibrar la protección de los menores y la defensa de los derechos digitales. Las esperanzas están puestas en que las directrices finales logren este equilibrio delicado y fundamental.
