La reciente absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha generado una gran agitación en el país, especialmente en el ámbito político. El actual presidente, Gustavo Petro, no ha tardado en expresar su preocupación, señalando que esta decisión judicial es una manera de encubrir la historia de la colaboración entre políticos y el narcotráfico en Colombia. Petro ha anunciado su intención de impulsar un proceso para elaborar una nueva Constitución, convocando a la ciudadanía a una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Este llamado busca recolectar firmas para iniciar un proceso constituyente, revitalizado por el contexto actual de absolución de Uribe y a pocos meses de las elecciones nacionales.
Además, la situación se ha complicado debido a una reciente acusación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a Petro como un líder del narcotráfico. El presidente colombiano ha rechazado firmemente esta acusación, vinculándola a su histórica denuncia sobre los nexos entre políticos colombianos y el narcotráfico, insistiendo en que la absolución de Uribe y las acusaciones externas forman parte de un mismo ataque político. La propuesta de una Constituyente ha sido recurrente en el gobierno de Petro, aunque enfrenta un Congreso generalmente opuesto a esta iniciativa, lo que hace que su viabilidad dependa más de un movimiento popular que de un proceso legislativo convencional. Mientras sus aliados apoyan la convocatoria, los opositores argumentan que la propuesta carece de futuro político y jurídico.
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