En un reciente desarrollo político en Galicia, el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han mostrado su respaldo a una movilización que genera controversia en la región. La protesta, que ha sido impulsada por colectivos sociales y sindicales, busca poner en evidencia la necesidad de reformas en diversas áreas políticas y económicas. El respaldo de estos partidos de izquierda subraya su compromiso con demandas sociales que consideran urgentes para mejorar el bienestar de los ciudadanos gallegos. Durante la manifestación, se ha destacado la importancia de iniciativas que promuevan la justicia social, el acceso equitativo a los servicios públicos y una redistribución más justa de los recursos.
En contraparte, la Xunta de Galicia, liderada por el Partido Popular, ha criticado esta movilización, describiéndola como «comunismo del siglo XXI». Este término, utilizado por la Xunta, resalta la postura del gobierno regional que ve en estas protestas una tendencia hacia políticas que consideran radicales e incompatibles con su visión de gobernanza. El enfoque del gobierno autónomo ha reafirmado su posición de defensa de políticas más conservadoras, centradas en el crecimiento económico y la estabilidad fiscal. Esta división política refleja la tensión entre las diferentes visiones ideológicas presentes en el escenario gallego, evidenciando la complejidad del debate sobre el futuro socioeconómico de la región.
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