La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo hacia una modernización de su legislación urbanística con la presentación de un nuevo marco normativo. El consejero ha enfatizado la creación de Planes Estratégicos Municipales, que podrían ser aprobados en un tiempo considerablemente reducido de entre 4 y 6 años, en contraposición a los plazos actuales. Además, el período para el planeamiento de desarrollo disminuirá de 7 a 4 años, incluso llegando a ser tan solo un año mediante una Ordenanza Municipal en ciertos casos.
Actualmente, solo 21 de los 179 municipios madrileños han actualizado su actuación urbanística, un reflejo de las complicaciones que implica la elaboración y aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana bajo el marco legal vigente. Este proceso suele tomar entre 10 y 12 años, según indicó Novillo.
La futura Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de la Comunidad incluirá un régimen especial para las pequeñas localidades, adaptando la normativa y reforzando la asistencia con recursos adecuados. Además, se implementará un enfoque específico para la regeneración urbana, facilitando la remodelación de barrios e impulsando la mejora de los espacios públicos y privados.
Una de las innovaciones clave de esta propuesta es la introducción de un acompañamiento técnico para dotar a pequeñas localidades de los recursos necesarios. Este mecanismo incluirá estudios preliminares, gestión de informes sectoriales y tramitación ambiental, asegurando la viabilidad jurídica y técnica de los planes de urbanismo.
Actualmente en fase de consulta pública hasta el 10 de octubre, como señaló la presidenta Díaz Ayuso en el Debate de Estado de la Región, la nueva ley busca integrar la urbanización y la ordenación territorial en un único texto jurídico. Este enfoque pretende acabar con la dispersión normativa actual y facilitar un marco más estratégico y flexible.
Frente a lo que el Ejecutivo autonómico describe como inactividad del Gobierno central, esta legislación busca proporcionar estabilidad jurídica en medio de la incertidumbre estatal. Se espera que la ley esté en vigor a principios de 2027 y aborde los desafíos de crecimiento económico y demográfico, posicionando a Madrid como una región equilibrada y ambientalmente consciente para el futuro.
