El mercado inmobiliario está experimentando un notable aumento en la oferta de pisos ocupados a precios reducidos, lo cual, si bien resulta tentador, presenta complejidades legales que pueden alargar significativamente el proceso de adquisición de la plena propiedad. Estas propiedades, que se anuncian con la advertencia de que «no se pueden realizar visitas», se encuentran en situaciones jurídicas complicadas, ya sea por estar ocupadas ilegalmente o por tener inquilinos con contratos vigentes. Este tipo de transacciones, si bien pueden resultar más económicas, conllevan la necesidad de un asesoramiento legal exhaustivo para evitar sorpresas desagradables en el largo camino hacia la recuperación del dominio completo del inmueble. Por esta razón, se sugiere que este tipo de inversiones sean principalmente consideradas por grandes inversores y no por individuos que podrían no estar en posición de soportar retrasos y los costos adicionales asociados.
La adquisición de un piso ocupado implica riesgos significativos que pueden incluir desahucios prolongados y gastos imprevistos, por lo que se aconseja realizar una investigación exhaustiva sobre su situación legal. Las vías judiciales para recuperar el inmueble pueden abarcar desde procedimientos penales por usurpación hasta demandas civiles por desahucio, cada una con sus propias complicaciones y tiempos de resolución. Sumado a esto, la compra de la nuda propiedad, otra estrategia para adquirir viviendas a precios reducidos, presenta sus propios desafíos, como la necesidad de acordar términos claros sobre el uso y mantenimiento, y posibles conflictos con herederos. Esta complejidad subraya la importancia de contar con asesoría legal especializada para navegar en estas transacciones. Además, estas propiedades suelen estar sujetas a limitaciones contractuales que obligan al nuevo propietario a respetar acuerdos de arrendamiento existentes, complicando aún más el uso del inmueble a corto plazo.
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