Desde finales de julio, el Reino Unido ha adoptado nuevas regulaciones destinadas a proteger a los niños en el entorno digital, requiriendo a todos los servicios en línea que evalúen si albergan contenido perjudicial para los menores. Aquellos que lo hagan, deberán implementar verificaciones de edad para impedir el acceso infantil. Además, deben ajustar sus algoritmos y sistemas de moderación para evitar la exposición de contenido dañino, como imágenes violentas, a los jóvenes.
Durante el prolongado debate legislativo sobre el Acta de Seguridad en Línea (OSA), varios expertos han manifestado preocupaciones respecto a los impactos sobre los derechos de adultos y niños. La ley introduce un mandato de verificación de edad que ha generado controversia y debates intensos.
Críticos del sistema argumentan que las verificaciones de edad actúan como herramientas de vigilancia, poniendo en riesgo los derechos de privacidad y expresión de los usuarios. Los servicios en línea deben confirmar la edad de todos los visitantes, lo que podría requerir documentos oficiales o escaneos biométricos, comprometiendo la privacidad individual. La preocupación radica en que no existe garantía sobre el uso o el posible intercambio de esta información con terceros, aumentando el riesgo de filtraciones o usos indebidos.
Además, se percibe cierto grado de censura. La OSA otorga a Ofcom, la autoridad reguladora del Reino Unido, el poder de decidir sobre la aceptación de contenidos, lo que podría llevar a la eliminación de información beneficiosa, incluso para jóvenes, como el contenido relacionado con LGBTQ+.
La respuesta del público ha sido inmediata. Las descargas de aplicaciones VPN se dispararon poco después de la instauración de las verificaciones de edad, reflejando el deseo de evadir tales medidas. No obstante, los expertos advierten que esta no es una solución sostenible, ya que las VPN también podrían verse limitadas por las regulaciones.
Una petición ha recogido más de 400,000 firmas en contra de la OSA. Sin embargo, el gobierno mantiene su compromiso de implementar la ley de manera efectiva, sin planes de derogarla, pese a la creciente oposición.
Estas políticas también afectan a aquellos sin identificación oficial o acceso a dispositivos personales, excluyendo a un sector de la población, en particular a quienes enfrentan vulnerabilidad económica.
En búsqueda de un entorno digital más seguro y accesible, es esencial priorizar la privacidad y la libertad de expresión, evitando medidas que produzcan más perjuicios que beneficios. Se requiere un enfoque más detallado y menos intrusivo para proteger a los menores en el ámbito digital.
