Intel, el gigante de los semiconductores, se encuentra en el punto de mira tras anunciar su intención de vender hasta el 49% de Intel Foundry Services (IFS) a inversores externos. Esta decisión surge en un momento en el que la compañía busca revitalizar su división de fabricación de obleas, crucial para su estrategia a largo plazo. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece.
En un contexto altamente regulado, Intel enfrenta restricciones significativas. La empresa debe al menos mantener el 51% del control de IFS durante los próximos cinco años, según lo estipulado en el acuerdo con el Gobierno de EE.UU. Este pacto, que incluyó una inyección de 8.900 millones de dólares a cambio de un 10% de participación, busca asegurar que un activo estratégico permanezca bajo la órbita estadounidense.
Durante la Conferencia Global TMT 2025, el director financiero David Zinsner reiteró que cualquier venta potencial enfrenta las salvaguardas impuestas por Washington. El acuerdo incluye incentivos para aumentar la inversión pública si Intel redujese su participación por debajo del 51%, manteniendo así el control estratégico dentro de Estados Unidos.
El desafío para Intel radica en encontrar inversores dispuestos a asumir grandes riesgos sin poder controlar la dirección estratégica de la empresa. Mientras los accionistas minoritarios enfrentan restricciones en la influencia operacional, la estructura compleja de financiación y las cláusulas de penalización actúan como freno a un movimiento rápido hacia una Oferta Pública Inicial (OPI) o una escisión total.
La fundación de IFS buscaba competir con las líderes del sector, planteando la necesidad de una inversión intensiva en capital, clientes fiables y tiempo suficiente para establecerse como un competidor robusto. Con el programa Semiconductor Co-Investment Program (SCIP) de 2022, Intel ya había comenzado a atraer financiación privada bajo la protección de la Ley CHIPS, aunque con resultados parciales.
El escenario geopolítico también juega un papel relevante, ya que la Casa Blanca supervisa de cerca las operaciones para evitar que IFS se separe completamente o cambie de manos a actores extranjeros. Esta atención política reduce las posibilidades de un escisión total y explica las reticencias a permitir una OPI independiente.
A pesar de los desafíos, vender parte de IFS podría aportar ventajas, como la entrada de capital fresco para financiar expansiones o reducir deudas. Además, un inversor de referencia puede actuar como aval de la viabilidad del negocio. No obstante, esto también podría reducir la participación de Intel en el flujo de caja de IFS, complicando la gobernanza y desincentivando a los inversores activistas.
En cuanto al interés potencial, es poco probable que empresas extranjeras altamente reguladas o aquellos de países con tensiones políticas con EE.UU., como China, participen, quedando el interés probablemente en fondos soberanos y grandes gestoras norteamericanas.
Los inversores buscan claridad en los márgenes operativos y las carteras de clientes, necesitándose una demostración tangible de estabilidad y crecimiento para considerar la compra de una participación del 49% como viable.
En resumen, la posibilidad de que Intel venda hasta el 49% de IFS es una operación compleja, sujeta a la supervisión política y económica. La viabilidad de su éxito dependerá no solo de la estrategia financiera, sino también de su capacidad para cumplir con los objetivos de producción prometidos y asegurar contratos estables con sus clientes.
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