En una reunión excepcional celebrada el pasado 6 de marzo, los 27 países miembros de la Unión Europea otorgaron luz verde a un ambicioso y sin precedentes programa de rearme, valorizado en 800.000 millones de euros, diseñado para contrarrestar la supuesta amenaza que representa Rusia. Bajo la dirección de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, este plan introduce una relajación de las reglas fiscales con el fin de permitir un aumento significativo en el gasto militar de cada nación miembro.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no tardó en apoyar el programa y reafirmar su compromiso de alcanzar un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB antes de 2029, adelantando el objetivo que ya había sido fijado durante la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022. España deberá incrementar su inversión militar en 20.000 millones de euros adicionales para cumplir con estos compromisos, representando una carga considerable sobre el presupuesto nacional.
En el marco del plan ReArm Europe, España está obligada a incrementar su presupuesto militar en 3.500 millones de euros este año, sosteniendo una inversión anual de 23.897 millones de euros hasta 2028. Este significativo desembolso ha generado preocupación debido a su potencial impacto negativo en el gasto social, un aspecto que no pocos sectores de la sociedad consideran alarmante.
En lo que va del 2023, el gasto militar conjunto dentro de la UE ha experimentado un aumento del 16%, marcando la subida más espectacular desde la Guerra Fría. En España, el presupuesto oficial para gastos militares prácticamente se duplicó, superando el 2% del PIB en inversión armamentística, según han señalado varias organizaciones antimilitaristas.
Este fenómeno no es exclusivo de España; toda Europa parece estar siguiendo una tendencia similar. Según el Centre Delàs, en 2021 las principales empresas beneficiarias de los proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa, tales como Leonardo, Thales, Airbus, Saab e Indra, captaron más del 30% de los recursos, con países como Francia, Italia, España y Alemania que, en conjunto, acaparan el 65.1% de la financiación total.
El valor de estas corporaciones ha fluctuado positivamente en los mercados bursátiles. Empresas como la alemana Rheinmetall y la francesa Thales han observado un aumento sustancial en sus cotizaciones, reflejando la percepción de un lucrativo negocio al que los gobiernos europeos parecen no estar dispuestos a renunciar.
Sin embargo, esta tendencia bélica no está exenta de oposición. Grupos anarcosindicalistas, internacionalistas y antimilitaristas han alzado la voz contra lo que denuncian como una «lógica de la muerte». Desde organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha hecho un llamado a la desobediencia civil y la movilización social en pro de la paz, los derechos humanos y la protección ambiental. Este enfoque, basado en el internacionalismo y el apoyo mutuo, busca desafiar la hegemonía de una economía de guerra que sólo engendra más conflicto y pobreza.
Mientras algunos ven en el rearme una medida necesaria frente a posibles amenazas externas, otros advierten sobre la escalada de tensiones y los efectos perjudiciales en el bienestar social y las prioridades económicas. La discordante melodía de tambores de guerra sigue resonando en Europa, donde las voces de defensa de la paz y los derechos humanos intentan resonar aún más fuerte.
Fuente: CGT
