El reciente asesinato de Teresa González, trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio en O Porriño, Vigo, ha reavivado el debate acerca de la inseguridad a la que se enfrentan a diario profesionales del cuidado en todo el país. Este lamentable incidente no solo resalta los peligros del sector, sino también la falta de respaldo y sensibilidad por parte de las administraciones y empresas implicadas en una labor esencial: el cuidado de personas en situación de dependencia.
Teresa, de 48 años, dedicó su vida a cuidar de los demás. El martes 29 de julio acudió, como de costumbre, a la vivienda de un matrimonio mayor para asistir a la esposa de 72 años que, debido a un ictus, requería atención continua. Sin embargo, el esposo la agredió fatalmente justo antes de entrar a la vivienda. Horas después, fue hallada sin vida.
Un día antes de su muerte, Teresa había informado a Aralia Servicios, la empresa que la empleaba, sobre su decisión de abandonar el puesto. Señaló episodios de acoso sexual por parte del marido de la mujer a quien cuidaba. A pesar de esto, y de lo informado al sindicato Confederación Intersindical Gallega (CIG), la empresa no tomó medidas, exponiendo a Teresa a un peligro mortal.
Este trágico suceso es un reflejo del «terrorismo patronal» que se vive en el sector, donde los trabajadores son relegados a condiciones indignas, siendo fácilmente reemplazados sin una investigación adecuada. El sindicato CIG ha señalado que los trabajadores rotan frecuentemente entre domicilios sin saber lo que les espera, careciendo del soporte necesario ante situaciones peligrosas.
Lamentablemente, el caso de Teresa no es aislado. Recientemente, en Badajoz, se vivió otra tragedia con la muerte de Belén, una educadora social que también había denunciado violencia en su lugar de trabajo.
El sector de cuidados, mayoritariamente ocupado por mujeres, se caracteriza por la precariedad laboral, a pesar de ser crucial para la sociedad. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se exige la implementación efectiva del Real Decreto 893/2024 para proteger la seguridad de los trabajadores del hogar familiar. Esta normativa pretende establecer obligaciones para las empresas concesionarias y garantizar derechos para los trabajadores.
La CGT insta a las administraciones públicas a adoptar medidas contundentes para asegurar los derechos laborales de quienes trabajan en el sector de los cuidados. Estas trabajadoras son indispensables para el funcionamiento de la sociedad y sus derechos no pueden seguir siendo ignorados en favor de jugosas ganancias empresariales.
En un comunicado titulado «Todas Somos Teresa», CGT Oficios Varios de Madrid reafirma su respaldo a las profesionales de cuidados, exigiendo cambios que eviten más muertes evitables en un ámbito que debería ser protegido y valorado por su incuestionable aporte social.
Fuente: CGT
