Desde 2021, en coordinación con el Ayuntamiento de Chinchón, se han emprendido 43 expedientes con el objetivo de salvaguardar un enclave natural único, caracterizado por paisajes que combinan cortados yesíferos, vegas fértiles y sotos. Estos esfuerzos buscan no solo proteger el entorno, sino también prevenir que las edificaciones ilegales sean anegadas por las aguas, un problema que afecta a múltiples poblaciones cercanas a las vegas de los ríos Tajo, Jarama, Guadarrama y, especialmente, Tajuña. La construcción de viviendas en suelos no urbanizables amenaza con desdibujar el paisaje y el equilibrio ecológico de estas áreas protegidas.
En los últimos años, esta región ha visto un cambio significativo con el declive de los cultivos de regadío, sustituidos por edificaciones residenciales dispersas que no respetan la normativa vigente. La adhesión a estas regulaciones es clave para resguardar suelos que están bajo regímenes de protección especial, asegurando así su preservación para usos planificados como la agricultura y la ganadería.
Para incrementar la eficiencia y precisión en la identificación de construcciones ilegales, el gobierno autonómico ha adoptado tecnologías avanzadas, incorporando el pasado año dos drones equipados con cámaras y cinco medidores láser de vanguardia a sus operativos de inspección urbanística. Estas herramientas permiten realizar revisiones exhaustivas en terrenos de difícil acceso, facilitando la detección y actuación contra las infraestructuras no autorizadas.
El fin último de estas acciones es recuperar el uso original del suelo, conforme a su planificación, y cumplir con los objetivos delineados en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid. La protección de áreas no urbanizables y de espacios naturales es fundamental para mantener la identidad rural y el equilibrio ecológico de la región, asegurando así su sostenibilidad a largo plazo ante el desafío de la urbanización descontrolada.
