El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado nuevamente al Gobierno de Donald Trump en su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos, lo que deja a cientos de miles en riesgo inmediato de deportación. Esta decisión revierte el fallo de un juez federal de California que había suspendido la eliminación del TPS, una medida que protegía a estos migrantes y les permitía trabajar legalmente en el país. La medida es parte de una política de endurecimiento migratorio que comenzó bajo la Administración Trump y ha continuado con su implementación pese a la llegada de Joe Biden a la presidencia. Esta decisión ha generado una respuesta crítica, especialmente de los jueces liberales del tribunal, quienes se han opuesto a la medida, destacando las serias implicaciones humanitarias y económicas.
La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta un desenlace incierto mientras el caso continúa en los tribunales. La magistrada Ketanji Brown Jackson criticó duramente el fallo al señalar las vidas en riesgo, y la disidencia ha sido acompañada por declaraciones de defensores de los derechos de los migrantes que describen el impacto devastador en familias y comunidades. En tanto, la administración Trump, apoyada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad, ha defendido la acción como parte de su política migratoria más restrictiva. Este giro judicial afecta profundamente a los beneficiarios del TPS, quienes ahora enfrentan la posibilidad de separación familiar, pérdida de empleos y una eventual deportación a un país visto como inestable y peligroso, según justificaciones previas de los tribunales inferiores.
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