El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha solicitado a la Fiscalía una serie de documentos y detalles en relación con la normativa interna sobre el uso de teléfonos móviles y correos electrónicos, en el marco de la causa por una supuesta filtración que involucra al Fiscal General del Estado. Esta solicitud se produce tras la conclusión de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que no pudo recuperarse ningún mensaje en el móvil de Álvaro García Ortiz, debido a un reciente cambio de dispositivo y la eliminación de mensajes antiguos conforme a protocolos de protección de datos. Aunque los fiscales superiores de Madrid afirmaron desconocer tales protocolos, Hurtado ha aceptado diligencias para requerir detalles adicionales sobre el manejo de dispositivos móviles en la Fiscalía, incluyendo información sobre la frecuencia de cambios de terminales y el historial de formateos realizados.
En el auto dictado este miércoles, el juez también ha desestimado ciertas peticiones de las acusaciones, como la citación de exsecretarios y jefes de comunicación vinculados al Ministerio de la Vivienda, quienes, según la Guardia Civil, pudieron haber tenido acceso al correo filtrado antes de su divulgación pública. Las decisiones del magistrado confirman su enfoque en obtener claridad sobre la normativa aplicada dentro de la Fiscalía y la posible manipulación de la información contenida en los dispositivos móviles del fiscal general. Estas acciones reflejan un intento de esclarecer detalles clave del caso que ha puesto en tela de juicio el manejo interno de datos sensibles y la correspondencia en la más alta instancia jurídica del país.
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