El ministro de Justicia enfrenta acusaciones de posible falso testimonio tras su reciente declaración en La Moncloa. Durante su intervención, habría omitido o tergiversado información relacionada con las actividades de Cristina Álvarez, quien estaría realizando tareas privadas para la esposa del presidente del Gobierno. Estas alegaciones han generado un clima de tensión política y llamado la atención de la oposición, que exige una investigación exhaustiva para aclarar los hechos y determinar la veracidad de las declaraciones del ministro.
La controversia se centra en el uso indebido de recursos públicos para beneficio privado, lo que supone una seria infracción ética y legal. La creciente presión ha llevado a varios grupos parlamentarios a solicitar explicaciones detalladas y valorar la posibilidad de emprender acciones legales contra el ministro. Este escándalo podría tener implicaciones significativas tanto en la credibilidad del gobierno como en la estabilidad del gabinete, aumentando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
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