El Gobierno ha exigido al Ayuntamiento de Jumilla, Murcia, que anule una moción del Partido Popular (PP) que prohíbe las celebraciones religiosas, culturales y sociales en los polideportivos del municipio. Esta medida afecta directamente a la comunidad musulmana, que hasta ahora organizaba eventos como el rezo por el fin del Ramadán en esos espacios. La Delegación del Gobierno, junto con los ministerios de Justicia y Política Territorial, argumenta que la restricción es arbitraria y vulnera el derecho a la libertad religiosa, estipulado en el artículo 16 de la Constitución. La polémica nació de una propuesta inicial de Vox que buscaba prohibir específicamente las festividades islámicas, lo que generó un intenso debate sobre la discriminación y la libertad de culto en un municipio con una población de aproximadamente 27,000 habitantes y una notable comunidad musulmana.
El PP defiende la moción afirmando que no se dirige a ninguna religión en particular y que busca preservar «todas las costumbres y religiones». Sin embargo, la reacción del Gobierno señala que esta acción es un indicio de una tendencia más amplia de algunos gobiernos locales y autonómicos, que estaría limitando derechos y libertades fundamentales. La Conferencia Episcopal también se ha manifestado en contra de la medida, resaltando su potencial vulneración de los derechos humanos. Mientras Vox se enorgullece de sus acciones en Jumilla, el PP insiste que la polémica es artificial y que su objetivo es mantener un enfoque inclusivo hacia la libertad de culto.
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