El Ministerio de Educación ha propuesto reducir la ratio de alumnos por aula en centros educativos con alumnado desfavorecido, buscando aplicar un enfoque de «equidad». Esta iniciativa fue presentada a los sindicatos en una reunión clave para la reforma del profesorado, resaltando que el alumnado y profesorado de la enseñanza pública serán los principales beneficiarios. La medida se centrará en alumnos con necesidades educativas especiales y en centros con alta complejidad socioeconómica, utilizando un índice de vulnerabilidad para identificar estos lugares. La propuesta, aún en fase de negociación, necesita apoyos en el Congreso para convertirse en ley. Actualmente, las ratios legales varían entre 25 y 35 alumnos por clase, pero varias comunidades ya han implementado reducciones debido al descenso de la natalidad.
El Gobierno también planea reducir las horas lectivas del profesorado a niveles previos a los recortes de 2012, dentro de una lenta negociación para reformar el profesorado iniciada en 2022. Las reformas pretenden garantizar cambios duraderos y evitar discrepancias autonómicas, pero requieren tiempo y apoyo parlamentario, especialmente de partidos nacionalistas reacios a normas estatales restrictivas. Existe el riesgo de que la legislación no se apruebe antes de fin de legislatura, lo que podría impactar políticamente a las formaciones que se opongan. La reducción de ratios es vista como una inversión eficiente, mejorando los resultados del alumnado vulnerable y promoviendo la equidad.
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