El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid a establecer un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto, como lo estipula la ley de 2023. Esta legislación, cuyo protocolo fue adoptado en 2024, es fundamental para garantizar el acceso de las mujeres al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Según fuentes del Ejecutivo, la falta de dicho registro limita el acceso a este derecho, ya que el respeto a la objeción de conciencia no debe convertirse en un impedimento para la atención sanitaria.
La carta enviada por Sánchez destaca que estas comunidades autónomas, todas con gobiernos de diferentes partidos, llevan un retraso de un año en la implementación del registro, lo que es «de obligado cumplimiento». El presidente enfatiza que, si en tres meses no se ha cumplido con el requerimiento, se aplicarán medidas legales para asegurar su cumplimiento. Con esta acción, el Gobierno busca garantizar que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia, asegurando que puedan ejercer este derecho en la sanidad pública con todas las garantías.
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