En una sesión reciente, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2024 que deroga la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón. Según fuentes gubernamentales, esta determinación se ha tomado tras la negativa de la Comunidad Autónoma de Aragón a entablar un diálogo conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un mecanismo diseñado para resolver discrepancias entre las distintas administraciones públicas.
El Ejecutivo alega que la nueva normativa aragonesa vulnera competencias estatales y el principio de colaboración entre administraciones. Asimismo, apunta que la Ley 1/2024 contraviene los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, referidos respectivamente a la dignidad humana y los derechos fundamentales, y al derecho a la vida y a la integridad física y moral.
La Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón había sido una pieza clave en la recuperación y promoción de la memoria histórica en la región. Con su derogación, las autoridades autonómicas pretenden modificar el enfoque sobre cómo deben tratarse los hechos históricos y las víctimas del régimen franquista. Sin embargo, el Gobierno central sostiene que los desarrollos jurisprudenciales y normativos de ámbito internacional proporcionan pautas esenciales que deben ser consideradas en el enjuiciamiento de la constitucionalidad de esta nueva ley.
La iniciativa de llevar ante el Tribunal Constitucional esta ley regional subraya la tensión existente entre el Gobierno central y el ejecutivo aragonés. Por su parte, Aragón defiende que la derogación de la Ley 14/2018 responde a una necesidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades y sensibilidades históricas.
Este recurso se perfila como una pieza más en el complejo puzzle de las relaciones entre las autonomías y el Gobierno central en asuntos de memoria histórica y derechos fundamentales. Tal como ha quedado plasmado, el conflicto no solo se centra en el ámbito competencial, sino también en el filosófico y humanitario, lo cual augura un debate jurídico y social intenso en los próximos meses.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
