El juez Juan Carlos Peinado ha informado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que el proceso judicial por malversación de caudales públicos contra ella podría ser juzgado ante un jurado popular si llega a juicio. Esta decisión se anunció justo antes de una sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el presidente no estuvo presente debido a su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La noticia ha generado reacciones de sorpresa entre los ministros, quienes califican el auto de “surrealista”. El Partido Socialista ha expresado su inconformidad con la investigación, insistiendo en que «no hay caso» y criticando las anomalías del proceso judicial.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió el sistema judicial español como garantista, recordando una desautorización previa del Tribunal Supremo al juez Peinado en el mismo caso. Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz también cuestionaron la legalidad del proceso, con Díaz sugiriendo que la instrucción será un caso de estudio en Derecho. Desde el PSOE se ha reiterado que el caso surgió por una denuncia infundada y se mantiene que el tiempo revelará la verdad. El partido subraya que las acusaciones se dirigen indebidamente a la familia del presidente, destacando que la situación es sorprendente y podría ser conocida como el «Caso Peinado».
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