Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un decreto ley impulsado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, destinado a movilizar 500 millones de euros para el desarrollo de la Ley ELA y el fortalecimiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta normativa contempla la creación de un nuevo grado de dependencia, Grado III+, y asegura atención integral para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y enfermedades neurológicas complejas en fase avanzada.
El decreto no solo introduce innovaciones en el sistema, sino que también ajusta la atención a las necesidades específicas de estas enfermedades, garantizando una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente. Este importe será financiado a partes iguales por el Estado y las comunidades autónomas, lo que representa un esfuerzo económico que busca responder a las necesidades básicas de estos pacientes, que requieren cuidados extremos.
En la presentación ante los medios desde Moncloa, Bustinduy destacó que esta iniciativa refuerza los logros del sistema de bienestar social del país, asegurando que la política aún puede generar consensos beneficiosos para la sociedad. El ministro subrayó que la ley representa no solo un alivio para los pacientes, sino que también transforma el modelo de cuidados hacia un enfoque más personalizado y humano.
La financiación estatal en dependencia se ha elevado a una cifra récord de 3.729 millones de euros este año. Además, el Ministerio ha transferido más de 800 millones de euros en fondos europeos a los gobiernos autonómicos para mejorar servicios de teleasistencia y aumentar la disponibilidad de plazas residenciales y de día.
Bustinduy también hizo hincapié en los esfuerzos realizados desde 2020 para mitigar los recortes en dependencia sufridos en la década anterior, destacando que este decreto permitirá consolidar un incremento del 7,2% respecto al año anterior y del 15% en comparación con 2023.
Con este desarrollo normativo, el Gobierno espera no solo mejorar la calidad de vida de los afectados, sino también establecer nuevas bases para un modelo de atención más justo y accesible para todas las personas, adaptándose a las demandas de una sociedad cambiante y asegurando dignidad tanto para los pacientes como para los profesionales que los atienden.
Fuente: Ministerio de Consumo
