El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imputación del exdirector del FBI James Comey por perjurio y obstrucción a la justicia, consolidando así un objetivo largamente buscado por su administración. La acusación fue presentada después de que Trump criticara públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, exigiendo acciones legales inmediatas contra aquellos a los que considera sus enemigos políticos. Comey, quien dirigió el FBI durante el inicio del mandato de Trump, ya había sido blanco de críticas por su manejo de la investigación sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016. Con la imputación ahora formalizada, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión si es encontrado culpable.
El caso se ha desarrollado en un clima de presión política e intriga, después de que el fiscal Erik Siebert dimitiera ante las instrucciones de proceder con la acusación, pese a no encontrar pruebas concluyentes de delitos. Siebert fue reemplazado rápidamente por Lindsey Halligan, antigua asesora de Trump, quien no tiene experiencia previa como fiscal. Las acusaciones contra Comey han surgido a partir de su testimonio en el Congreso de 2020, donde negó haber filtrado información relacionada con la investigación rusa. Sin embargo, tras una consulta interna, los fiscales iniciales recomendaron no presentar cargos por falta de evidencia sólida, pero Halligan llevó el caso a un gran jurado que finalmente decidió imputarlo. La situación levanta interrogantes sobre la influencia política en los procesos judiciales y pone nuevamente en foco la controvertida relación entre Trump y sus críticos más acérrimos.
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