El Tribunal Constitucional ha otorgado amparo a una magistrada cuyo nombramiento como integrante de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) fue revocado por el Tribunal Supremo. La magistrada fue designada en 2019, destacándose la importancia de cumplir criterios de mérito, capacidad y equilibrio de género. Sin embargo, un magistrado aspirante no seleccionado impugnó el nombramiento, argumentando que el equilibrio de género se priorizó indebidamente sobre el mérito y la capacidad, lo que llevó al Supremo a revertir la decisión a su favor.
El Constitucional destaca que este caso presenta una «especial trascendencia constitucional» por tratar un aspecto sin precedentes en la doctrina del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Critica al Supremo por un análisis formalista de las medidas de acción positiva sin considerar el contexto de las valoraciones de méritos. Al conceder el amparo, el Constitucional anula la decisión del Supremo, ordenando que revise el caso garantizando los derechos de la magistrada, subrayando su derecho a defender su nombramiento de manera plena y fundamentada.
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