La estrategia de LaLiga contra la piratería ha escalado a un debate político de gran trascendencia en España. A raíz de numerosas denuncias, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha planteado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer el impacto de los bloqueos de direcciones IP implementados por LaLiga. La controversia se centra en las implicaciones de estos bloqueos para los derechos digitales y la neutralidad de la red.
Esta es la segunda vez que el Parlamento aborda el tema, después de que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) acusara al Ejecutivo de permitir bloqueos perjudiciales, incluyendo plataformas legales como Steam y Twitter.
ERC ha denominado a la situación como “LaLigaGate” y advierte del precedente que se está sentando al permitir que una empresa privada ejerza un control tan significativo sin suficiente supervisión democrática. La principal crítica es que los bloqueos afectan a plataformas legítimas, sugiriendo la necesidad urgente de un marco normativo que asegure que tales medidas sean proporcionadas y transparentes.
En su conjunto de preguntas al Gobierno, ERC busca entender si se implementará una regulación que obligue a que todos los bloqueos sean autorizados judicialmente y si se establecerán mecanismos de compensación para los afectados por bloqueos incorrectos.
Por su parte, LaLiga ha negado realizar bloqueos masivos, afirmando que sus acciones están judicialmente autorizadas y solo afectan a contenidos ilegales. Insiste en que las quejas se refieren a webs sin relevancia y critica el uso de proveedores como Cloudflare, que agrupan páginas legales e ilegales bajo una misma dirección IP, argumentando que esto se utiliza como un “escudo digital” para actividades delictivas.
Según LaLiga, la piratería es un grave problema económico que les cuesta entre 600 y 700 millones de euros anuales, con un tercio de la población consumiendo contenidos de forma ilegal. Este conflicto ha llevado a un debate más amplio sobre las libertades digitales y el poder de las empresas privadas en Internet, con el Gobierno ahora obligado a responder a estas preocupaciones en el Parlamento.
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