El Congreso ha iniciado el proceso legislativo para sancionar a las plataformas que anuncien pisos turísticos ilegales, con multas que podrían alcanzar un millón de euros. La medida, impulsada por EH Bildu, recibió el respaldo de los partidos de izquierda, el PNV, Junts y Coalición Canaria, mientras que el PP y Vox se manifestaron en contra. El objetivo es cerrar un vacío legal que ha permitido la proliferación de alquileres vacacionales irregulares, estimando que entre el 40% y el 90% de estos anuncios no cumplen con la legislación vigente. La iniciativa busca responsabilizar a las plataformas digitales en la verificación de la legalidad de las propiedades que publicitan.
La propuesta ha suscitado un amplio debate, con diversas opiniones sobre su adecuación y eficacia. Mientras que algunos grupos apoyan la idea como un paso necesario contra la gentrificación y la especulación en el mercado de la vivienda, otros expresan dudas sobre su alineación con las competencias autonómicas y la coherencia con normativas existentes. El PSOE reconoció la necesidad de ajustar el texto para mantener el equilibrio entre turismo y la vida comunitaria, mientras el PNV y Junts manifestaron reservas sobre su implementación. En la oposición, PP y Vox calificaron la propuesta de «antilibertad» y alertaron sobre un posible aumento del mercado negro en el sector.
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