María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí, ha sido condenada a 50 años de prisión por secuestro en una audiencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. A pesar de que la sesión fue respetuosa de sus derechos, con la presencia de traductores de lenguas indígenas y consideraciones de interculturalidad y perspectiva de género, la condena se basó en la falta de pruebas de su inocencia y en el testimonio de la víctima. La defensa de Martínez, que ahora tiene diez días para apelar, cuestiona la legitimidad del proceso al señalar irregularidades, como la falta de acceso a recursos legales justos y a pruebas que podrían demostrar su inocencia.
Durante la audiencia, la comunidad otomí y grupos de derechos humanos expresaron su apoyo a Martínez, manifestándose afuera del complejo judicial. Activistas conocidos por su labor en defensa de los derechos humanos también estuvieron presentes, como Lorena Gutiérrez y Carmen Sánchez, quienes han acompañado a Martínez en su lucha legal. El ruido de las manifestaciones se mezclaba con el ambiente solemne de la sala de juicio, donde el juez Víctor Martín Mejía Hernández reafirmó la decisión basándose principalmente en mensajes de WhatsApp y en la declaración de la víctima. La defensa de Martínez afirma que la narrativa de los hechos es inconsistente y que continuarán buscando justicia para ella.
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