En un acto celebrado en el emblemático Palacio de Santoña, en la capital, los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García Martín, y de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, han presentado hoy el Informe Anual de Simplificación Normativa. Este evento conmemora el tercer aniversario de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, una herramienta pionera que busca reducir las cargas administrativas y normativas para ciudadanos y empresas.
Rocío Albert subrayó que la iniciativa tiene como finalidad «hacer la vida más fácil a ciudadanos y a empresas, favoreciendo así la actividad económica con las menores trabas burocráticas y excesos regulatorios». Por su parte, García Martín destacó que «simplificar y actualizar la normativa, dando mayor seguridad jurídica y estimulando la actividad económica, es uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el crecimiento y la creación de empleo de la Comunidad de Madrid en los últimos treinta años».
Desde su implementación en marzo de 2021, la Línea Abierta contra la Hiperregulación— disponible a través de la web de la Comunidad de Madrid— ha permitido que agentes económicos informen a la Administración sobre las barreras regulatorias que encuentran al desarrollar su actividad. Las sugerencias recibidas son estudiadas para determinar su viabilidad dentro del marco de competencias del Gobierno regional.
El informe revela que el 22% de las medidas adoptadas corresponden a Economía y Empleo, el 18% a Políticas Sociales, el 17% a Medio Ambiente y Agricultura, y el 12% a Sanidad. El 75% de las iniciativas tienen un impacto social directo, beneficiando de manera tangible a los ciudadanos.
En el ámbito de Economía y Empleo, la eliminación de la necesidad de un listado desglosado de socios para que las Asociaciones de Comercios accedan a ayudas del Gobierno autonómico y la implantación del Dossier Único Empresarial, que simplifica la documentación para que una empresa inicie su actividad, son algunos de los avances destacables. Además, el 20% de las medidas están relacionadas con la flexibilización de requisitos para acceder a ayudas públicas.
En Políticas Sociales, se han simplificado los trámites para solicitar el acogimiento familiar y el pago único por nacimiento o adopción múltiple, requiriendo únicamente una declaración responsable para acreditar los requisitos. En Medio Ambiente, se ha suprimido el informe previo para la autorización de cambio de uso de cultivo forestal en agrícola en montes o terrenos forestales no catalogados. En el ámbito de la Sanidad, se ha actualizado y optimizado las rutas asistenciales para la enfermedad de Parkinson, agilizando el acceso a servicios especializados.
Con el objetivo de crear una administración más ágil y cercana, se han desarrollado iniciativas como la Oficina Virtual de Tributos, que permite la presentación telemática de autoliquidaciones de impuestos de gestión autonómica, y la Oficina Virtual de Empleo, que ahora incorpora la atención por videollamada. Además, se ha habilitado el pago por bizum de tasas e impuestos, promoviendo una administración más moderna y accesible.
