La reciente opinión del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU marca un precedente contundente en la lucha contra el cambio climático, declarando que los países tienen una obligación legal de abordar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta histórica decisión subraya que la inacción climática ya no es solo una irresponsabilidad política, sino una violación del derecho internacional. Adoptada por unanimidad, la opinión destaca la importancia de proteger el medio ambiente bajo los derechos humanos y tratados ambientales, reforzando el mensaje de que los esfuerzos unilaterales no son suficientes para combatir la crisis climática.
El fallo expone la urgencia de una acción coordinada global, donde la cooperación multilateral se convierte en clave para cumplir objetivos críticos, como los establecidos en el Acuerdo de París. Reitera que los compromisos internacionales no son meros símbolos, sino mandatos que deben ser implementados para limitar el calentamiento global y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Las tecnologías necesarias existen, según el IPCC, instando a adoptar soluciones sostenibles y energías renovables. Esta validación jurídica no solo potencia la voluntad política, sino que fortalece las demandas de justicia de las comunidades afectadas, destacando que un entorno saludable es un derecho fundamental e inalienable.
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