En España, es frecuente encontrar casos en los que ciudadanos y autónomos descubren con sorpresa que sus cuentas bancarias han sido embargadas, afectando a ingresos que, por ley, deberían estar protegidos. La desinformación sobre los derechos que protegen el salario mínimo y otros ingresos esenciales conduce a situaciones injustas y preocupantes para muchas familias. El despacho Atalanta y Abogadas, especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad, está centrado en combatir estos embargos indebidos y proteger los derechos de los deudores.
Los ingresos inembargables, tales como el salario mínimo, pensiones o determinadas ayudas, están contemplados bajo el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Dicho artículo establece una escala para retener únicamente sobre los ingresos que superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, en la práctica, la falta de claridad en la diferenciación de estos ingresos en las entidades bancarias puede dar lugar a errores que vulneran los derechos de los afectados.
Atalanta y Abogadas recomienda adoptar medidas preventivas para evitar que estos ingresos sean embargados injustamente. Una estrategia sugerida es la utilización de cuentas bancarias separadas para cada tipo de ingreso, lo cual facilita la identificación de fondos protegidos. Además, notificar al banco sobre las características específicas de cada cuenta y proporcionar la documentación correspondiente puede ser crucial para evitar problemas futuros.
En caso de embargo, mantener una gestión adecuada de las cuentas y obtener un certificado del banco que confirme el uso exclusivo de estas cuentas para depósitos inembargables puede servir como prueba en un juicio. Esto no solo facilita la labor de defensa del abogado, sino que además acelera el proceso de oposición al embargo.
Atalanta y Abogadas sugiere buscar siempre asesoramiento legal especializado para enfrentar situaciones de embargos indebidos. Las simples acciones de separar y documentar correctamente los ingresos pueden significar una gran diferencia para salvaguardar la estabilidad financiera de las familias y autónomos. Con una amplia experiencia y presencia en toda España, el despacho ofrece un estudio de viabilidad gratuito para guiar a quienes necesiten orientación en este complicado proceso.
Proteger estos ingresos vulnerables no solo es un derecho, sino una necesidad que garantiza la protección de los recursos esenciales frente a prácticas incorrectas en el sistema bancario. A través de estrategias preventivas y la defensa legal adecuada, es posible asegurar que los deudores mantengan el control sobre sus finanzas en momentos críticos.
