Cristina Álvarez, asesora de Moncloa vinculada a la esposa del presidente Pedro Sánchez, compareció este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, defendiendo su actuación y asegurando que no ha utilizado su cargo en beneficio propio o de terceros. Álvarez, imputada en un caso liderado por el juez Juan Carlos Peinado, negó haber influido para favorecer a Begoña Gómez, ni gestionado de manera indebida la creación de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid en 2020, de la que Gómez es codirectora. A lo largo de la sesión, que inició con un retraso menor, Álvarez solo contestó las preguntas de su abogado, insistiendo en su inocencia respecto a las acusaciones que le atribuyen haber enviado correos electrónicos gestionando intereses relacionados con la cátedra, incluida la financiación por parte de la empresa Reale.
Además, el alto cargo de Moncloa, Alfredo González Gómez, reconoció ser quien propuso a Álvarez para el puesto, aunque aseguró desconocer quién le facilitó sus datos y admitió no haberla conocido personalmente, detalle que desconcertó al juez Peinado. Durante las declaraciones, también testificaron varios miembros de la Universidad Complutense y corporativos de empresas como Indra, Google y Telefónica, contribuyendo al esclarecimiento de las gestiones con la cátedra. De manera relevante, los testimonios de Elvira Gutiérrez y Blanca María de Juan revelaron cambios en la coordinación de la cátedra, mencionando a Esther Álvarez, hermana de la asesora. A su vez, Sergio Olsé, directivo de Telefónica, fue señalado en cuestiones relacionadas con el financiamiento de un software, asunto que luego patentó Begoña Gómez, aunque mantuvo su categoría de testigo en el proceso. Las declaraciones extendidas hasta más allá de las tres de la tarde, dejaron nuevas fechas pendientes para completar los testimonios de algunos directivos, ahora programados para abril.
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