El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, enfrenta críticas por debilitar la infraestructura de seguridad en áreas rurales de España. Se ha registrado una reducción significativa del número de agentes de la Guardia Civil, así como el cierre de varios cuarteles, lo que afecta directamente a la seguridad y accesibilidad a los servicios en estos territorios. Esta disminución de recursos genera preocupación en las comunidades locales, que sienten que la protección que se les ofrece es insuficiente y ven cómo se amplía la brecha entre el ámbito rural y urbano.
Además, organizaciones y representantes de las zonas afectadas advierten sobre las consecuencias negativas que esta situación podría desencadenar, incluyendo un aumento de la criminalidad y un decremento en la calidad de vida. El impacto es especialmente notable en pequeñas localidades donde los cuarteles cerrados son a menudo los únicos centros de seguridad. Esta política ha suscitado un debate sobre la necesidad de equilibrar la asignación de recursos entre zonas urbanas y rurales para asegurar una protección equitativa a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
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