En el año 2024, el uso de plataformas digitales de entidades públicas en la Unión Europea ha alcanzado un nuevo hito, con un 70% de los ciudadanos entre los 16 y 74 años empleando un sitio web o una aplicación de una autoridad pública en el último año. Este aumento, aunque modesto, representa una mejora de 0,7 puntos porcentuales respecto a 2023, cuando la cifra se situó en el 69,3%.
Entre los países miembros, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia lideran con tasas de adopción del e-governance del 98,5%, 96,0% y 95,4%, respectivamente. En el otro extremo, Rumanía, Bulgaria e Italia muestran cifras más bajas, con apenas un 25,3%, 31,5% y 55,1% de uso, destacando la divergencia en la adopción tecnológica dentro del bloque.
El estudio sobre las diferentes formas de utilizar los servicios de e-gobierno revela que el 44% de los usuarios recurre a estas plataformas para obtener información sobre servicios, beneficios y leyes, una práctica que ha incrementado en 2,4 puntos porcentuales desde el año anterior. Asimismo, un 40% de los ciudadanos accede a su información personal, mostrando un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2023. La descarga o impresión de formularios oficiales, otra de las prácticas comunes, representa un 38,1% de uso, aunque ha disminuido en 1,8 puntos porcentuales en comparación con el año previo.
Las cifras también indican que las solicitudes, reclamaciones o quejas son menos frecuentes, con solo un 5,3% de uso; sin embargo, este número ha crecido en 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Estos datos resaltan no solo una creciente confianza de los ciudadanos en los servicios digitales gubernamentales, sino también ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la accesibilidad y alcance de estos servicios para reducir las disparidades en su uso.
La transición hacia el e-gobierno se presenta como un elemento clave para fortalecer la interacción entre el Estado y la ciudadanía en un mundo cada vez más digitalizado. Mejorar la accesibilidad y la eficiencia de estos servicios podría ser fundamental para fomentar la participación cívica y optimizar la prestación de servicios públicos en toda la Unión Europea.
