Las patronales han calculado un ahorro significativo de hasta 42.400 millones de euros debido al fracaso del proyecto liderado por Yolanda Díaz. Este proyecto, que buscaba implementar reformas laborales y ajustes en el mercado de trabajo, fue rechazado por no contar con el apoyo necesario para llevarse a cabo, lo que ha generado un alivio entre las empresas que veían estas medidas como un posible obstáculo para su funcionamiento y competitividad.
El plan de Díaz abogaba por cambios estructurales que incluían la reducción de la temporalidad y el incremento de derechos laborales para los trabajadores. Sin embargo, la falta de consenso político y el rechazo de ciertos sectores económicos impidieron su implementación. Las patronales consideran que el fallo del proyecto evitará costos adicionales y cambios regulatorios que podrían haber afectado la flexibilidad laboral, permitiendo así un mejor enfoque hacia la recuperación económica en un contexto de post-pandemia.
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