En un paso significativo hacia la política de derechos humanos internacionales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha anunciado que varias empresas españolas han cesado sus actividades en territorios palestinos ocupados. Este movimiento se produjo en respuesta a las cartas enviadas por el propio ministro en mayo de 2024, las cuales instaban a las empresas a reconsiderar su presencia en dichas áreas para evitar contribuir a violaciones de derechos humanos, según el Derecho Internacional.
Durante su visita a Bilbao, Bustinduy destacó la importancia de estas acciones y subrayó la necesidad de seguir trabajando en esta dirección. En este sentido, ha informado que enviará una carta a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, solicitando su colaboración para sensibilizar a las empresas españolas que aún operan en territorios ocupados. Bustinduy enfatizó la necesidad de que los agentes económicos españoles no contribuyan, de manera directa o indirecta, al «genocidio insoportable» al que se enfrenta la población palestina.
El ministro también urgió a romper todos los vínculos comerciales, diplomáticos y económicos con Israel y a aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu para detener el conflicto en Gaza. Recalcó que es fundamental que las empresas que importan productos desde territorios ocupados identifiquen claramente su origen como «asentamiento israelí», en consonancia con las directrices de la Comisión Europea.
Este enfoque no es nuevo para Bustinduy, quien previamente, en octubre de 2024, había solicitado la cancelación de contratos de compra con empresas de la industria armamentística israelí. En su comunicación al Ministerio de Defensa, se pedía el cese de licitaciones con proveedores israelíes que abastecen a las Fuerzas Armadas españolas con tecnología y material militar avanzado.
Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que el gobierno español ha congelado tanto las ventas como las compras de armamento a Israel desde octubre de 2023. Esta medida refleja un compromiso más amplio con el respeto a la normativa vigente y al derecho internacional, temas que siguen siendo centrales en el discurso y la política del ministro Bustinduy y su gestión en el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo.
Fuente: Ministerio de Consumo
