La reciente Ley 7/2022 ha introducido nuevos desafíos para las empresas que generan más de 10 toneladas de residuos peligrosos al año, estableciendo medidas que impulsan hacia una economía circular y sostenible. Esta normativa obliga a las empresas a asumir mayores responsabilidades en la gestión de sus residuos, incluyendo la suscripción de seguros o garantías financieras para cubrir posibles daños resultantes de su actividad. Entre estos, se destacan indemnizaciones por accidentes, daños materiales y costos de recuperación ambiental.
Las empresas afectadas también deberán elaborar un Plan de Minimización de Residuos Peligrosos (PMRP) con una duración de cuatro años. Este documento es fundamental para establecer y cumplir objetivos claros para reducir tanto la cantidad como la peligrosidad de los residuos generados.
El sector metalúrgico enfrenta retos particulares debido a la diversidad de residuos peligrosos que produce, como aerosoles, envases contaminados y lodos. Para asegurar su eliminación o reciclaje adecuado, estos deben ser gestionados por entidades autorizadas.
Existen, sin embargo, algunas exenciones a esta normativa. Las empresas que producen menos de 10 toneladas anuales por centro y aquellas con certificados ambientales reconocidos quedan fuera de estas obligaciones. No obstante, todas las instalaciones deben mantener un detallado archivo cronológico de la documentación relacionada con los residuos, disponible para inspecciones durante al menos cinco años.
La AECIM, Asociación de Empresas del Metal, se posiciona como un aliado esencial para el cumplimiento de estas normativas, ofreciendo asesoramiento y apoyo en la elaboración y seguimiento del PMRP, además de gestionar los aspectos documentales y normativos.
Las empresas interesadas en cumplir eficientemente con la ley pueden ponerse en contacto con AECIM para recibir orientación especializada, llamando al teléfono 91 561 03 30 o enviando un correo a [email protected] o [email protected].
