En un reciente anuncio que promete reformar las prácticas empresariales en la era digital, el ministro Pablo Bustinduy reveló que su departamento implementará una regulación referente a los algoritmos utilizados por las empresas para personalizar precios y publicidad. Durante un evento en el marco del Día Mundial de las Personas Consumidoras, Bustinduy subrayó que estos algoritmos, a menudo opacos y complejos, deberán ser transparentes y comprensibles para los consumidores.
La preocupación central de esta regulación es evitar prácticas discriminatorias o la explotación de situaciones de emergencia. Así, las empresas deberán proporcionar información clara sobre los parámetros que determinan los precios ofrecidos, impidiendo variaciones automáticas durante el proceso de compra. Esta medida busca eliminar la presión sobre los consumidores, quienes en muchas ocasiones sienten la urgencia de tomar decisiones rápidas debido a precios que cambian de manera intempestiva.
Un ejemplo ilustrativo de esta nueva normativa podría ser un servicio de transporte que emplee tarifas dinámicas. Bajo el nuevo marco, la empresa estaría obligada a explicar al usuario cuáles han sido los factores que determinaron el precio, tales como la distancia del viaje, la hora, la frecuencia del trayecto realizado o la ocurrencia de eventos masivos en la localidad. Importante es destacar que estos cálculos no podrán ser influenciados por sesgos discriminatorios relacionados con discapacidad, raza, o situaciones de emergencia que el usuario pueda enfrentar.
Este enfoque regulador no es un fenómeno aislado. Se inscribe en un esfuerzo continuado del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que ya, en situaciones críticas, intervino para prohibir subidas de precios injustificadas, como sucedió durante la DANA de octubre pasado que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana. Bustinduy fue enfático al afirmar: “Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, resaltando la necesidad de “construir alternativas que fomenten intercambios justos y transparentes”.
El evento, celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, contó con notables contribuciones de expertos del sector. Ana Caballero, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), propuso un Pacto de Estado para salvaguardar los derechos digitales, planteando medidas que van desde la prohibición de prácticas comerciales manipuladoras hasta la mejora de la accesibilidad y el control por parte de las autoridades del entorno digital.
Daniel Arribas, director general de Consumo, cerró el acto instando a todos los actores del ecosistema digital a colaborar activamente en la protección de los derechos de los consumidores. En el contexto actual, esta regulación promete ser un paso significativo hacia una economía digital más equitativa y transparente, poniendo a las personas, y no a los algoritmos, en el centro de la experiencia de consumo.
Fuente: Ministerio de Consumo
