Nueve organizaciones económicas con presencia destacada en Cataluña han exigido al Gobierno que tome medidas frente a una operación que, según denuncian, tendría un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en el equilibrio territorial de la región. Las entidades preocupadas argumentan que esta operación podría desestabilizar el ecosistema empresarial local, planteando riesgos significativos para la diversidad económica y la cohesión social. La situación ha generado inquietud entre los actores económicos, quienes destacan la necesidad de una intervención gubernamental para salvaguardar los intereses de las pymes, que constituyen una parte fundamental del tejido empresarial catalán.

Estas organizaciones han hecho énfasis en la importancia de mantener un equilibrio justo y sostenible entre las distintas áreas de Cataluña, evitando así que se genere una concentración económica perjudicial para las zonas menos favorecidas. En su declaración, subrayan que la medida propuesta podría exacerbar las disparidades territoriales, impactando negativamente en el desarrollo regional y en la competitividad de las empresas más pequeñas. Ante este escenario, las entidades reiteran su llamamiento al Gobierno central para que actúe con determinación y prevenga las posibles consecuencias adversas de la operación, protegiendo así el dinamismo y la diversidad empresarial en Cataluña.

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