En los primeros días de su administración, Fernández emitió un decreto que obligaba a todos los organismos del Estado a asegurar sus bienes únicamente con «Nación Seguros», la aseguradora del Banco Nación. Esta medida generó controversia al centralizar la contratación de seguros en una entidad específica, lo que despertó críticas por falta de transparencia y potencial conflicto de intereses en el manejo de recursos públicos. La decisión fue vista como parte de un esfuerzo por consolidar el control estatal en diversas áreas estratégicas, aunque también levantó sospechas sobre sus motivaciones reales.

Además, se descubrió que Fernández nombró a Héctor Martínez Sosa, un amigo cercano, como intermediario en estas contrataciones, otorgándole el cobro de comisiones. Este vínculo personal con el intermediario avivó las especulaciones sobre tráfico de influencias y corrupción dentro del nuevo gobierno, lo que incrementó la presión sobre el presidente para justificar estas elecciones administrativas. Los críticos argumentan que esta acción podría haber beneficiado a un círculo íntimo cercano al mandatario, desviando recursos del Estado y afectando la confianza pública en las autoridades.

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