El congresista Wadith Manzur, electo recientemente como senador del Partido Conservador, se presentó ante la Fiscalía tras la emisión de una orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Manzur, implicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), es acusado de participar en una trama de corrupción en la que se alega que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría utilizado fondos públicos destinados a la atención de desastres para sobornar a congresistas. El objetivo de estos sobornos habría sido asegurar votos favorables para la aprobación de reformas y solicitudes de crédito en el Congreso. Junto a Manzur, también fue ordenada la captura de Karen Manrique, representante de una curul para víctimas del conflicto, quien, al igual que Manzur, fue elegida para la nueva legislatura.
Este caso ha sacudido el panorama político colombiano, puesto que además de Manzur y Manrique, otros políticos como Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, así como el excongresista del partido Alianza Verde, Juan Diego Muñoz, fueron llamados a juicio. Sin embargo, a diferencia de Manzur y Manrique, estos últimos no recibieron una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que les permitirá enfrentar el proceso judicial en libertad. Este escándalo ha puesto bajo escrutinio tanto la administración de recursos públicos como la integridad de las acciones gubernamentales, en un momento en que la política colombiana enfrenta una creciente presión por transparencia y rendición de cuentas.
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