El nacimiento de un hijo con discapacidad transforma drásticamente la vida de los padres, quienes deben enfrentar no solo un duelo emocional por el hijo que esperaban, sino también la dura realidad de la renuncia laboral, especialmente las madres. Esta situación agrava la precariedad económica de las familias, ya que aquellos que deciden dejar su trabajo para cuidar de sus hijos con discapacidad a menudo se ven privados de independencia económica y un futuro laboral seguro. Además, aunque existen prestaciones como la CUME, su acceso está limitado a quienes estaban empleados al momento de solicitarlas, excluyendo a muchos cuidadores que no pueden trabajar.
Deolinda Monteiro es un claro exponente de este desafío, habiendo renunciado a su carrera hace 30 años para cuidar a su hija Bárbara, quien sufre de severas convulsiones y problemas de desarrollo tras sufrir una lesión durante el parto. A sus 64 años, Deolinda se encuentra con solo diez años cotizados y una perspectiva de jubilación incierta. A pesar de que su hija ahora reside en un centro, las secuelas físicas de años de cuidados han dificultado su reinserción laboral. Sin acceso a ayudas ni reconocimiento del sistema, muchas mujeres como ella enfrentan un futuro sombrío, dependiendo de pensiones precarias y sin apoyo. La historia de Deolinda refleja la dura realidad de miles de madres cuidadoras que, al llegar a la jubilación, se ven desprotegidas y sin recursos.
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