Las juventudes de la izquierda abertzale en el País Vasco han intensificado recientemente su actividad, demostrando su capacidad de movilización a través de una serie de sabotajes que han generado preocupación en el panorama político. Estas acciones, consideradas por algunos sectores como una muestra de fuerza, han contado con la aparente complacencia de EH Bildu, partido que no ha condenado explícitamente los actos vandálicos. Esta situación ha suscitado fuertes críticas por parte del Partido Popular (PP), que acusa al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de ser los «padrinos» que contribuyen a blanquear este tipo de conductas violentas al no adoptar una postura más firme.

En contraste, sectores afines a la izquierda abertzale defienden que estas actuaciones son una respuesta frente a lo que consideran una represión política y social dentro de la región. El debate sobre el manejo de estos incidentes se ha intensificado, llevando a la coalición gubernamental y a las fuerzas de la oposición a recrudecer el intercambio de acusaciones. En este contexto, el PSOE y el PNV se ven presionados a definir su posición para distanciarse de la violencia, mientras intentan mantener la estabilidad política en un entorno cada vez más polarizado. La situación pone nuevamente en el centro del debate la persistente tensión entre los métodos de reivindicación política y la condena de la violencia en la búsqueda de soluciones para la convivencia en el País Vasco.

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