La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México ha presentado su más reciente informe sobre el uso de recursos públicos, detectando irregularidades por un monto total de 65.000 millones de pesos durante el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este informe, que abarca todo 2024, señala “montos por aclarar” debido a la falta de documentos que prueben un uso adecuado de los fondos asignados. Las dependencias fiscalizadas, entre ellas el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional Electoral, tienen un mes para entregar la información necesaria que justifique los gastos antes de que la auditoría emita un veredicto definitivo. Este proceso coincide con el término del mandato de David Colmenares al frente de la ASF, institución que este año alcanzó un récord histórico al realizar 2.264 auditorías, pero cuya independencia ha sido cuestionada debido a su aparente cercanía con el partido en el poder, Morena.

En el informe, además de los 673 millones de pesos sin justificar del Gobierno central, se destacan los significativos 59.000 millones de pesos en «dudas» correspondientes al gasto federalizado, que comprende los recursos asignados a estados y municipios para educación, salud e infraestructura. El Estado de México encabeza esta lista con más de 13.000 millones de pesos no aclarados, con un gran porcentaje vinculado a administraciones municipales. En el sector de Desarrollo Económico, destacan las anomalías en Pemex, donde se han registrado pagos injustificados en campos petroleros como Quesqui. Asimismo, el sector de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes muestra vacíos contables significativos, mientras que del rubro de Desarrollo Social existen más de 1.400 millones de pesos por justificar. Con el proceso de elección de un nuevo titular de la ASF inminente, el informe se convierte en un documento crucial que podría influir en la relación entre el gobierno federal y las entidades fiscalizadas.

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