El municipio ha recibido un fallo judicial que obliga al Consistorio a seguir las disposiciones establecidas en la ordenanza de 2013 para la concesión de autorizaciones. Esta decisión judicial llega tras un proceso legal donde se cuestionaron algunas prácticas recientes que no cumplían con la normativa vigente desde hace más de una década. La sentencia concluye que cualquier autorización emitida en incumplimiento de dicha ordenanza no será válida, imponiendo así un rigor normativo que busca estandarizar los procedimientos administrativos en el municipio.
Además de tener que ajustar sus prácticas a las regulaciones de 2013, el juicio implica una carga económica para el Consistorio, que deberá hacer frente al pago de 2.000 euros en concepto de costas judiciales. Este desembolso se suma a una serie de desafíos administrativos para el gobierno local, ya que ahora se enfrenta a la tarea de rectificar cualquier autorización que se haya emitido fuera del marco establecido por la ordenanza. La resolución viene a recalcar la importancia de adherirse a las normativas vigentes para evitar futuros contratiempos legales y financieros.
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