El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha finalizado recientemente un curso judicial que ha fortalecido significativamente la presidencia de Donald Trump. Este avance judicial se presenta como una continuación del curso anterior, marcado por decisiones que ampliaron la inmunidad del expresidente en el contexto del asalto al Capitolio. Además, se ha recortado el poder de los jueces federales para frenar la agenda del Ejecutivo, permitiendo que las órdenes presidenciales avanzaran sin interrupciones. Esta nueva dinámica judicial ha sido posible gracias a la mayoría conservadora en la corte, consolidada por los nombramientos de Trump, incluyendo a Amy Coney Barrett, quien ha sido fundamental en fallos recientes que limitan la oposición judicial a las medidas presidenciales.

Estas decisiones han facilitado una serie de acciones ejecutivas controversiales, como la propuesta de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes indocumentados y otras medidas que afectan derechos de inmigrantes y personas trans. El uso intensivo de «expedientes en la sombra» por el Supremo, caracterizados por su rápida resolución y falta de deliberación, ha permitido a Trump avanzar su agenda sin trabas. Este patrón de gobernar a través de decretos ejecutivos ha sido un sello distintivo del actual mandato, generando preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en la democracia estadounidense. En el horizonte, se espera que el Tribunal Supremo aborde casos de gran relevancia que potencialmente redefinirán cuestiones como el derecho a la ciudadanía por nacimiento y las reglas de participación en deportes, continuando con la transformación conservadora en temas claves para el país.

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