El Tribunal Supremo de España ha reiterado su postura de que no tiene competencia para juzgar los motivos que lleva al Gobierno a conceder o denegar indultos, a pesar de las expectativas puestas en él para resolver casos de alto perfil, como la reciente petición de indulto a favor de Álvaro García Ortiz. Esta sentencia es particularmente relevante en el contexto actual, donde García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelar secretos, es objeto de solicitudes de indulto. La Corte ha enfatizado que su único rol es asegurar que los procedimientos formales se sigan adecuadamente, como lo fue en el caso de un hombre condenado por delitos contra la autoridad, donde se determinó que la denegación del indulto por parte del Gobierno cumplió con los trámites legales establecidos.
En el caso de García Ortiz, el proceso indagatorio involucra no solo al Tribunal Supremo, sino también a la Fiscalía y a la parte agraviada, encarnada por Alberto González Amador, la presunta víctima en el conflicto que involucra al fiscal destituido. Mientras la Fiscalía ha defendido la inocencia de García Ortiz en el proceso, se espera que la decisión final recaiga sobre el Consejo de Ministros, bajo la guía del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien evaluará la propuesta basándose en razones de justicia y equidad. Aunque el procedimiento de indulto no tiene un plazo fijo, las experiencias anteriores, como los indultos a los líderes del procés catalán, sugieren que la resolución puede ser prolongada, resistiendo a veces varios recursos legales sin alterar la última palabra del Ejecutivo.
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