En una serie de fallos que podrían tener implicaciones de largo alcance sobre la libertad de expresión en la era digital, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha delineado nuevas directrices respecto al papel del gobierno en la moderación de contenido en redes sociales. A lo largo de su reciente período, la Corte evaluó cinco casos críticos que tocan el derecho de los usuarios de Internet bajo la Primera Enmienda para expresarse en plataformas digitales.
Estos casos profundizan en la siempre delicada relación entre regulación gubernamental, derechos de los usuarios y las políticas propias de las plataformas de redes sociales. En los casos NetChoice, junto con Moody v. NetChoice y NetChoice v. Paxton, se analizó si las leyes estatales de Texas y Florida que limitan la capacidad de plataformas como Facebook y YouTube para moderar contenido eran constitucionales. La Corte no emitió un veredicto definitivo, sino que remitió los casos a tribunales inferiores para una revisión más detallada basándose en la argumentación de NetChoice, que sostiene que los estatutos presentan mínimas aplicaciones constitucionales válidas.
Sin embargo, la asesoría judicial de la Corte subrayó un aspecto clave: Facebook y YouTube tienen sus propios derechos bajo la Primera Enmienda en la forma en que deciden organizar y presentar contenido. En consecuencia, las leyes estatales controvertidas no pueden aplicarse de manera constitucional a funciones específicas como el Newsfeed de Facebook o la página principal de YouTube, marcando un precedente significativo en la evaluación legal futura de estas leyes.
Simultáneamente, en los casos Lindke v. Freed y Garnier v. O’Connor-Ratcliffe, se examinó si funcionarios gubernamentales que usan redes sociales para comunicar asuntos oficiales pueden bloquear a usuarios o eliminar comentarios sin violar la Primera Enmienda. La Corte indicó a tribunales inferiores la necesidad de determinar primero si estos funcionarios actuaban en nombre del gobierno al utilizar sus cuentas de redes sociales.
El caso Murthy v. Missouri también abordó el papel del gobierno, específicamente en términos de coerción administrativa sobre las plataformas. Aquí, la Corte Suprema determinó que los demandantes carecían de legitimidad para presentar sus reclamos, no logrando demostrar un vínculo claro entre sus daños y las acciones de los acusados federales.
Estas decisiones resaltan varios puntos esenciales sobre el discurso en línea. Primero, los usuarios de redes sociales tienen derechos robustos para expresarse, derechos que pueden ser infringidos por la intervención gubernamental en la moderación de contenido, pero no por las acciones independientes de las plataformas mismas. Las plataformas como Facebook y YouTube continúan ejerciendo un control editorial activo sobre el contenido, protegiendo así sus propios derechos de la Primera Enmienda.
Además, la Corte reafirmó que los principios tradicionales de la Primera Enmienda son aplicables al ámbito digital. Cuando el gobierno maneja aspectos de una red social, sus obligaciones legales son equivalentes a las que tiene en espacios no virtuales, como parques o auditorios públicos.
Aunque persisten numerosas cuestiones legales abiertas en torno a las redes sociales, los fallos de la Corte Suprema durante su período 2023-24 han sentado bases importantes que protegen la libertad de expresión y proporcionan un marco para futuras decisiones en este terreno complejo y en constante evolución.
