El Tribunal Supremo ha emitido recientemente la Sentencia 920/2024, fechada el 27 de mayo de 2024, que introduce importantes novedades respecto a la jubilación por incapacidad permanente de los funcionarios públicos adscritos al régimen de clases pasivas. La sentencia establece unos criterios clave para la calificación de la incapacidad, distinguiendo entre incapacidad permanente total, que inhabilita al funcionario para las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera, e incapacidad absoluta, que impide al afectado desempeñar cualquier tipo de profesión u oficio.
Para los funcionarios que se encuentran en esta situación, ambas calificaciones implican la jubilación por incapacidad permanente. Sin embargo, cada una de ellas tiene diferentes repercusiones económicas y fiscales. En el caso de la incapacidad permanente total, si el funcionario no está inhabilitado para toda profesión y acredita menos de veinte años de servicio en el momento de producirse el hecho causante, la cuantía de la pensión de jubilación se verá reducida. Específicamente, la reducción será del 5% por cada año completo que le falte para alcanzar los veinte años de servicio, con un máximo del 25% para quienes hayan trabajado 15 años o menos.
En contraste, la incapacidad permanente absoluta tiene como ventaja significativa la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre la pensión de jubilación. Este beneficio ofrece un alivio fiscal importante para los funcionarios que se encuentren en esta situación.
La sentencia también subraya que, si la resolución administrativa de jubilación no especifica el grado de incapacidad, es responsabilidad del propio funcionario demostrar que su situación se ajusta a la categoría de incapacidad absoluta. Esta particularidad resalta la importancia de que las resoluciones de jubilación sean claras y explícitas respecto al grado de incapacidad, dado que ello tiene implicaciones directas en los derechos y beneficios de los funcionarios afectados.
Dada la relevancia de la calificación de la incapacidad en términos jurídicos y económicos para los funcionarios, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto la necesidad imperativa de que toda resolución de jubilación especifique claramente el tipo de incapacidad permanente. Con esta medida, se espera ofrecer una mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para los funcionarios como para las administraciones públicas.
Fuente: Sentencia 920/2024, de 27 de mayo de 2024, del Tribunal Supremo
Nota de prensa de ANPE.
